En la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 se establece que, cuando la Administración contrata, debe garantizar la “publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”, y asegurar “una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios mediante la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. Asimismo, en la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se pretende, entre otras cosas, racionalizar la gestión de ésta “de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”.

El criterio precio tiene, pues, un peso importante en la selección de ofertas. Además, la Administración Pública debería garantizar el acceso a la información en formatos accesibles, sin favorecer la iniciativa privada. La gestión de la Res Pública debe ser eso, pública.

Uno de los grandes gastos de las Administraciones Públicas, ya sean locales, autonómicas o estatales, son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), gasto que analiza el Informe REINA.

Empresas privadas

En este sector, el Estado tiene como práctica habitual el contratar servicios con empresas privadas, de manera que permite el tratamiento y la acumulación de datos por parte de éstas. En el último REINA del año 2015, con datos referentes a 2014, se puede observar que los principales gastos se concentran siempre en las mismas empresas: IBM, Hewlett-Packard, Indra o El Corte Inglés.

Por ejemplo, los gastos de software y servicios informáticos ascendieron en el año 2014 a casi 613 millones de euros; las inversiones en sistema multiusuario, entre mainframes (grandes computadoras que procesan gran cantidad de datos) y servidores, a más de 32 millones de euros, y los gastos en servicios informáticos a casi 476 millones de euros.

Empresas como ISDEFE o Indra, relacionadas con la industria armamentística y los sistemas de seguridad fronteriza, son las grandes ganadoras en la tajada informática que da servicio a la Administración. Indra alcanzó contratos por valor de más de 50 millones de euros en software y servicios informáticos. ISDEFE, 19 millones tan sólo en servicios. Hewlett-Packard, una de las mayores productoras de armamento a nivel mundial según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), una de las instituciones más reconocidas sobre armamento tiene copado el 33% de los servidores de la Administración Pública.

Otro de los datos que llama la atención son las grandes sumas que consigue El Corte Inglés gracias a este tipo de servicios. En el año 2014, consiguió contratos de servidores por dos millones de euros. La entidad que preside Dimas Gimeno ha extendido su modelo de negocio desde la venta de equipos informáticos a otro tipo de servicios, como el mantenimiento y soporte de los mismos, e incluso el desarrollo de aplicaciones. Esta actividad supone ya la mitad de los beneficios de la entidad en su papel de suministrador de la Administración del Estado, con 12,5 millones de euros anuales.

Sorprende que en 2014, en torno al 70% de las contrataciones no fue mediante procedimiento abierto y, por lo tanto, se incumplió la ley antes mencionada. Asimismo, cuesta creer que dichas empresas oferten de manera más barata que Linux, el software libre por excelencia y cuyo código fuente puede ser utilizado, modificado y distribuido de forma libre, como su nombre indica.

Tecnología abierta

Pero parece que la Administración Pública empieza a reaccionar ante el monopolio tecnológico de las grandes empresas. Aunque Windows está presente en el 95% de los equipos, no ocurre lo mismo con los ordenadores que cumplen el papel más determinante en la red informática. Así, en el año 2014, el 43% de los mainframes nuevos instalados fueron Linux. Lo mismo ocurrió con el 26% de los servidores.

Ahorros

El estudio del CENATIC, Impacto de la reutilización del software de fuentes abiertas en la economía, ya cifraba los ahorros en 114.000 millones de euros al año como mínimo, gracias al impacto de los ahorros directos, la reducción de la tasa de fracaso de los proyectos y la mejora de los costes de mantenimiento de códigos, que equivale al 30% del mercado global de software y servicios. Además, “el efecto de reinvertir estos ahorros de forma interna en TIC crea un efecto adicional de segundo orden en términos de productividad y de mejora de la eficiencia de al menos 342.000 millones de euros al año, lo cual constituye decididamente una contribución no marginal a la economía europea”, concluía el estudio.

No hay que olvidar que es en la creación y desarrollo de tecnología libre donde se posibilita la creación de una tecnología y una industria propia como sucede en otros países como Estados Unidos, el gran mercado del software y las patentes. Como en otros muchos sectores, esa conciencia de desarrollar un producto propio no está tan presente en el Estado español, por lo que el camino que queda para convertir España en un país productor de tecnología de fuentes abiertas y dejar de ser simples usuarios es todavía demasiado largo.